La ONU denuncio al régimen de Nicaragua por “crímenes de lesa humanidad”

Los expertos del organismo, señalaron que los gobiernos deben realizar investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados. Las acusaciones apuntan directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según un informe realizado, por expertos de derechos humanos, conformado por las Naciones Unidas determinó este jueves que el Gobierno de Nicaragua desde el año 2018 está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos, los cuales constituyen en crímenes de lesa humanidad.

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Las autoridades resaltan casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Dicho documento, asegura que se ha establecido un patrón respecto a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales. Que actúan de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.

“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, expresó a los medios el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.

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Asimismo, Simon agregó que las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral “para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.

Por ello, las autoridades a cargo del informe, solicitaron que deberían adoptarse por el gobierno de Nicaragua y la comunidad internacional con el fin de “hacer frente a las violaciones, abusos y crímenes documentados”.

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Dentro de las recomendaciones al gobierno de Nicaragua, solicitan el cese de las persecuciones por razones fundadas en motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa.

Además, de emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad.

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Con lo cual, sugiere que se garantice la reparación integral, la reparación y no repetición, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad. En cuanto a la comunidad internacional, sugieren iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional.

Ante tales acusaciones, el gobierno nicaragüense, no ha emitido palabra alguna, aunque anteriormente, habría reconocido al fiabilidad del grupo que realizo el informe en cuestión. El mismo, que fue integrado por Jan-Michael Simon, un experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago; y el chileno, Alexandro Álvarez, exconsultor de la CIDH.